EL FRACASO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN COLOMBIA ES EL FRACASO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACION.

Alejandro Orjuela Hernández

Abogado Defensor de Derechos Humanos

En estos días se ha vuelto a encender el debate sobre la impunidad de los delitos, sobre todo enfocado, con criterio malévolo, hacía los delitos de los marginados como son los raponeros de celulares y los micro expendedores de drogas alucinógenas.

Para nada se menciona la impunidad que reina en las alturas del poder como son los casos de Reficar, Chuzadas del DAS, Saludcoop, Interbolsa, “Carrusel de la contratación” y hasta el mal llamado “Cartel de la Toga”, Triple AAA de Barranquilla y ahora más reciente el caso Aida Merlano y la compra descarada de las curules en toda la Costa Atlántica.

El garantismo penal no es un sistema que propenda por la cárcel para el imputado sino todo lo contrario, lo que hace es desconfiar de todo poder y frenar sus posibles abusos.

En Colombia se ha entendido que sinónimo de justicia en materia penal es cárcel desde el comienzo de la investigación y del proceso penal, cuando la teoría garantista de Luigi Ferralloli, es todo lo contrario.

Propugna porque todo ciudadano se defienda de la imputación de un delito en libertad, pero no sólo las personas que tienen fortuna bien o mal habida, sino también para los que no la tienen.

Aquí vemos sin molestarnos el espectáculo frecuente de un Fiscal General en rueda de prensa manifestando los resultados de las investigaciones, para en una especie de juicio prematuro y publicitario, demostrar que los ciudadanos a imputar son responsables de graves y variados delitos y también hemos visto como al final todo se derrumba como un castillo de naipes porque no hay pruebas sólidas con que sustentar dichas acusaciones falaces.

Entonces se acude al fácil expediente de acusar a los jueces Constitucionales de Control de Garantías de propiciar con sus decisiones que ordenan la libertad de los imputados apegados a la ley procesal, que señala un mínimo de requisitos para proferir una medida de aseguramiento, y en donde se garantiza la libertad de los ciudadanos, precisamente porque o se hicieron mal los procedimientos de allanamiento o captura, o el delito no da para imponer una medida de aseguramiento o el ciudadano llena los requisitos para gozar de la libertad al no ser un peligro para la sociedad, tener arraigo y no representar un peligro de fuga.

Es que no se ha comprendido que lo natural es que el individuo enfrentado al Estado, comparezca al juicio en libertad, para que haya igualdad de armas con el Estado que lo acusa a través de la Fiscalía. Además para que se conserve la dignidad del ciudadano.

Tampoco se ha explicado que la audiencia donde comparece el ciudadano por primera vez ante un juez de control de garantías es apenas el abre bocas del proceso penal y que una medida tan extrema y violenta como es la privación de la libertad, es una medida provisional, no una sentencia y que a pesar de que este capturado goza de la presunción constitucional de INOCENCIA y que es al Estado al que le compete demostrar la culpabilidad de ese ciudadano.

Por qué Razón no hay verdaderos antecedentes penales?

Por la sencilla razón que los antecedentes sólo son en realidad cuando hay condenas y que la Fiscalía sólo hace el esfuerzo de pedir capturas o imputar en la audiencia preliminar cuando comparece ante el Juez de Control, pero posteriormente la Fiscalía ni investiga mas, ni acusa dentro de los términos de ley y lógicamente el imputado preso tiene derecho a solicitar su libertad por vencimiento de términos y así lleva camino, como sucede en la mayoría de los casos de quedar en impunidad la mayoría de los delitos grandes y pequeños.

La Fiscalía sólo logra aclarar y condenar en contados casos, en los grandes casos, como en el robo de los dineros del Estado, cuando los imputados, para obtener beneficios se allanan a los cargos, sin devolver el monto de lo robado u obtienen el beneficio de oportunidad por denunciar a sus cómplices porque esto les allana el camino de la libertad.

La realidad es que en los anaqueles de la Fiscalía duermen los procesos sin investigador que investigue, sin recopilar pruebas y sin cumplir para nada con la Constitución Nacional que impone a la Fiscalía el deber de investigar los delitos y acusar a los posibles delincuentes.

Mi llamado es a abrir un debate serio, sin engañar a la ciudadanía y a que se diga la verdad del fracaso del Sistema Penal Acusatorio y de la fiscalía General de la Nación, y no se nos venda la idea de que todo imputado o sospechoso debe estar preso mientras no sea condenado con todas las garantías procesales de un Estado de derecho.