Remiten al procurador pruebas del despilfarro de recursos en Santa Marta

El “elefante blanco” en que se convirtió el edificio que se construyó para servir como sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) en la ciudad de Santa Marta, tendría que ser demolido para volverse a construir, y por lo tanto pagarse de nuevo, sin que existan los recursos para tal fin.

Así lo advirtió el Contralor General de la República, quien el pasado 19 de julio trasladó al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, las pruebas que obran en el proceso de responsabilidad que, en cuantía de $4.521 millones, se adelanta por parte del organismo de control por este increíble caso de despilfarro de recursos públicos.

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría, se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables tanto la firma interventora de la obra (DPC Ingenieros SAS), como el contratista, Oscar Daniel Garzón Forero, quien el 24 de abril de 2016 fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para contratar con el Estado por un término de 5 años.

A demoler lo construido y levantar un nuevo edificio

Según advirtió el Contralor Maya Villazón, para poder habilitar la sede de la ESAP en Santa Marta, sería necesario demoler lo actualmente construido para que sea levantada una nueva estructura que brinde la seguridad y estabilidad que se requiere. Es decir: habría que volver a pagar la Sede que ya se construyó para hacerla de nuevo.

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