POLITICAZOS. Por: Jorca410. INOCENCIA SOSPECHOSA, LA DEL REPRESENTANTE, POR CHOCORAZO.

Ayer, en el Departamento de Bolívar, en las redes sociales de todo el territorio regional, el cotarro político se agitó, con el hecho trascendido, de la negativa de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, de admitir demanda de casación, en contra de sentencia de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y en donde hay funcionarios electorales, condenados por irregularidades, que según el denunciante y la justicia, favorecieron al Representante a la Cámara, Hernando Padauí Alvarez.

El cierre o bloqueo de aquella máxima jerarquía judicial, a la decisión que condena, deja definitivamente, en poder de la justicia, a personas a quienes les fue probada, participación en la realización material de los hechos punibles investigados, por la cual, habrán de purgar pena; no sabemos si intramural -o sea carcelaria- o domiciliaria. Ha corrido tanto tiempo, que a quienes se les privó de libertad, en el transcurso del proceso, debieron devolvérselas, por vencimientos de términos y por declaratorias de inocencias, en primera instancia.

El escándalo político, se centra, en que la actuación de la justicia, viene encadenada a unos resultados electorales en el 2.010, que dejaron por fuera de la Cámara de Representantes, en el Departamento de Bolívar, al aspirante Germán Ordosgoitia, quien denunció haber sido víctima de alteración positiva de los resultados comiciales, de Hernando Padauí Alvarez, para perder el cupo, frente a este contendor de su mismo partido. La final de la contienda penal, le otorga la razón al denunciante. Pero, ya es tarde para la reparación política.

Ordosgoitia, con seguridad, irá ahora, por una indemnización económica, que saldrá del bolsillo de todos los colombianos. Por estos mismos hechos, fue indagado en la Corte Suprema de Justicia, el Representante beneficiario de esos resultados electorales, pero la Corporación, se abstuvo de investigarlo, pues no encontró nexo entre él y los hacedores del entuerto o chocorazo, según informa la prensa nacional.

La casación -demanda ante la Corte Suprema- relata EL UNIVERSAL, de Cartagena, “… buscaba absolver de esa condena a Teófilo Oliveros, Damián Lengua, Luis Carlos Gil, Guillermo Peña, Ximena González, Pedro Vicente Gutiérrez, Riki José Cárcamo y Elkin Guerrero, miembros de las comisiones escrutadoras en los municipios bolivarenses de Altos del Rosario, Talaigua Nuevo y Magangué.”, lugares en donde se perpetraron los hechos.

En el universo del derecho penal, toda persona es inocente, hasta cuando judicialmente, se muestre lo contrario; hasta cuando los jueces la oyen, la vencen en juicio y la condenan. Eso se llama debido proceso e incluye, como otro derecho fundamental, el de la defensa, materializado con la facultad, para controvertir pruebas y para aportar propias, en procura de desbaratar las contrarias.

De allí, que no sea dable, judicial y moralmente, asociar con las conductas aquellas, a quien resultó ganador en la contienda electoral, con los guarismos falsos inventados por los hoy, definitivamente condenados; el Representante a la Cámara, por Bolívar y oriundo de Magangué, Hernando Padauí Alvarez; pero obvio, la relación política entre todos ellos, sí que está indeleblemente ceñida, al pensamiento de cada magangueleño y de cada bolivarense.

Hernando Padauí Alvarez, es inocente. Nadie lo puede discutir. Pero queda en el ambiente, el por qué. Sí, ¿por qué unos funcionarios electorales, dolosamente, adulteraron resultados, para beneficiar o potencializar triunfalmente, la candidatura de él? Y entonces, su inocencia, por fuerza de los acontecimientos, queda reconocida, como inocencia sospechosa.

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