EDITORIAL. LOS BONOS DEL AGUA O DE CARRASQUILLA.

A la hora de escribir, 9:00 pm., aún no se cierra el debate de control político programado en el Senado de la República, en contra del recién estrenado Ministro de Hacienda y Crédito Público, con quien, en esta materia, se inauguró el Gobierno de Iván Duque. En nota anterior, dijimos no estar convencidos de la procedencia de la moción de censura para dicho funcionario, dadas las circunstancias de tiempo, en que ocurrieron los hechos que dan lugar al examen de la conducta del servidor público de aquel entonces. Y porque además, aunque parezca increíble, es muy probable, que el Ministro de Uribe, no haya incurrido en delito alguno, porque lo acontecido, fue un simple negocio financiero, en donde el financista o inversionista, se apuntó en el contrato, con todas las de ganar. Y ese, es suceso de diaria ocurrencia, en el mundo de las finanzas. Un vivo, embarca a un bobo, en el espejismo de un brillante negocio, en donde se las lleva todas -el vivo- y el bobo pierde. Cuestión de ética. Y en Colombia, en política y en todo lo público, lo que menos hay, es eso, ética. Y un negociante sin ética, no debería ser Ministro. Sencillo. Pero a la hora de las recriminaciones, la conclusión es, que se trató de un negocio, en donde, sencilla y llanamente, el bobo perdió. Pero, un bobo no tan bobo; porque los afectados, fueron entes territoriales, a cuyos nombres, celebraron los empréstitos, sus representantes legales, nada más y nada menos, que sus respectivos Alcaldes, que de bobos, no tienen nada. En cada contrato, juegan abiertamente, al cvy. Ahí tienen a Aida Merlano, amenazando con reventarse de todo lo que sabe en contratación, de la Alcaldía de Barranquilla. Carrasquilla tiene en su haber, como argumento jurídico de defensa, que los negocios tuvieron lugar, cuando él, ya no era Ministro y que la información que empleó para estructurar los mismos, no era privilegiada, pues ya era pública, introducida en el ordenamiento legal colombiano, a través de la Ley 1176 del año 2.007. En esos dos aspectos, tiene los puntos de la lógica, para alzarse triunfante en el juicio parlamentario. Pero en su contra o en contra de los negocios con los municipios, aparece el que los contratos no podían ser rescindidos, ni aún teniendo los deudores, la suficiencia para pagar y deshacerlos. Debían mantenerse en la deuda. Y así, los contratos continuaban produciendo las pingües ganancias para los financistas. Esencia del negocio. Pero no a espaldas de los Alcaldes. Hay un detalle que no ha sido, siquiera, mencionado, mucho menos, cuestionado en este rifirrafe, muy a pesar de la trascendencia del mismo. Se trata de la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, frente a la adquisición de los compromisos de los municipios, por conducto de esos contratos de endeudamiento. ¿Qué hizo el Ministerio, ante los trámites de tales contratos? ¿Dio la Dama de Hierro, Ana Lucía Villa, Directora de Apoyo Fiscal del Ministerio, su visto bueno para tales convenios? Lo anterior lo comentamos aquí, porque el Ministerio, en su área de Apoyo Fiscal a las entidades territoriales, ejerce un severo control sobre las entidades territoriales, impidiéndole a éstas, inmiscuirse en obligaciones financieras, que después, no estén en capacidad de sufragar. De allí, que nosotros preguntemos por la actitud de aquella servidora pública. El Ministerio, en su página web., muestra, cómo es de estricto con el endeudamiento de las entidades territoriales; publica allí, las reglas principales para el endeudamiento de las entidades territoriales: Interés deuda/ Ahorro operacional y saldo de la deuda/ ingresos corrientes. A ese conjunto de requisitos, le llaman semáforo en verde. ¿Mostró para esos contratos, el Ministerio, la Dama de Hierro, esa luz verde?

#destacada