Coca-Cola podría demandar al Estado por Ley de Financiamiento.

Crédito: Agencia RedMedios

Coca-cola Femsa advirtió que si el proyecto de Ley de Financiamiento se aprueba, tal y como está,  no descartaría demandar al Estado colombiano, porque según la compañía, esto sería un cambio en las reglas del juego. 

Con el cambio que plantea la Ley de Financiamiento en el régimen de impuestos para las cervezas y gaseosas se modificaría la base gravable de IVA que se paga por los productos que se producen en las zonas francas. Es decir, que ese tipo de productos serían más caros, lo que implicará un cambio a la sostenibilidad de la compañía en Colombia.

Para la directora Legal y de Asuntos Públicos de la compañía, Silvia Barrero, esto solo impone un efecto negativo en las reglas de juego de competitividad en el país, arriesgando de paso la seguridad jurídica que se había planteado.

Anticipó que ya la compañía hizo una inversión de 300 millones de dólares en la construcción de la que, a su juicio, es la planta de producción más moderna de Latinoamérica, y que está ubicada en el

municipio de Tocancipá, Cundinamarca, lo que abre la posibilidad de nuevos 4000 puestos de empleo en la región.

“La decisión de la Corporación de optar por Colombia, es porque cree en las instituciones y ve en la institucionalidad una tranquilidad, debido a que ha sido un país tradicionalmente muy cuidador de las reglas de juego”, dijo la jurista a Caracol Radio.

En ese orden de ideas, dejó ver que lo que anhela la compañía es que este artículo, finalmente no prospere, y en caso contrario, advirtió que la empresa tomará medidas legales argumentando que se están cambiando las reglas de juego que motivaron su llegada al país.

Puntualizó, que el artículo en discusión podría hacer caer en un 20% el consumo de bebidas gaseosas, lo que llevaría, basado en la Ley básica de oferta y demanda, a aumentar el precio del producto. Según Barrero los más afectados con esta medida serán los más de 400.000 tenderos que tiene Colombia, quienes, “no estarían en capacidad de recaudar el IVA plurifásico que quiere imponer el Gobierno”.